El Consejo de Ministros del gobierno español ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el procedimiento a seguir por las Comunidades Autónomas (menos Cataluña), Ceuta y Melilla para la devolución a particulares de los documentos incautados durante la Guerra Civil. El Real Decreto es un desarrollo ordenado por la Ley 21/2005de 17 de noviembre.
Podrán solicitar la restitución de estos documentos las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, a los que les fueron incautados documentos, fondos documentales y otros efectos siempre que acrediten la titularidad de los mismos en el momento de la incautación.
Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión Técnica formada por expertos en archivística y Derecho Administrativo. Una vez que se hayan resuelto las solicitudes, se procederá a la restitución material de los documentos a los interesados, quedando una copia autentificada de cada uno de ellos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Además, se regula la posibilidad de que el titular decida mantener los documentos depositados en este Centro.
La solicitud se realizará ante la Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía donde resida el interesado o bien, en el lugar donde tuvo lugar la incautación. Tanto las Comunidades Autónomas, como Ceuta y Melilla, podrán solicitar al Ministerio de Cultura la participación en el procedimiento y serán competentes para la tramitación y resolución de las solicitudes, así como para llevar a cabo la restitución material de los documentos en su respectivo ámbito territorial.
Fallo de la Audiencia Nacional
Este decreto llega días después de que la Audiencia Nacional advirtiera de que la ley discrimina a los españoles no catalanes cuyos documentos fueron incautados por el franquismo, ya que para ellos no existe una norma como la 21/2005 -aprobada para devolver a la Generalitat los llamados "papeles de Salamanca"- que regule su restitución.
La advertencia la hacía este tribunal en una sentencia en la que declara el derecho de los herederos de Angel Ossorio y Gallardo -que fue ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII- a que el Ministerio de Cultura les diga si la documentación incautada a su familiar se halla en el Archivo General de la Guerra Civil, pero rechaza su devolución porque no hay "sustento legal" para ello.
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