Los responsables de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en la Ribera del Duero enviarán al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los datos de 720 personas desaparecidas en el verano de 1936 en la comarca y en la zona de Lerma víctimas de la represión franquista.
Una aportación que se enmarca dentro de la petición realizada por el magistrado para averiguar el paradero de los desaparecidos aún no identificados de la Guerra Civil y la posguerra.
El representante de la ARMH, José María Rojas, informó que las fichas ya se han entregado al abogado Fernando Magán que ejerce la acusación en las ocho querellas planteadas por asociaciones y particulares ante el Juzgado de Instrucción Número 5, del que es titular Garzón, bajo el objetivo de que este crimen, por su carácter sistemático y masivo, se declare delito de lesa humanidad.
Rojas ha recopilado desde 2003 el listado, y la historia en algunos de los casos, de la gran mayoría de las personas que fueron ajusticiadas en las comarcas de la Ribera y del Arlanza, además de unos documentos que presentó en los ayuntamientos solicitando su información.
El responsable de la ARMH ha documentado 720 asesinados con nombres y apellidos, aunque según sus datos a la cifra de víctimas habría que sumar por lo menos otro centenar.
«En algunos pueblos los tengo computados, pero los tengo con apodos, y con eso no hemos podido hacer nada por el momento», señala.
Reconoce que el laborioso y minucioso proceso ha entrañado una enorme dificultad «porque ha habido que ir depurando datos, errores, nos han dado nombres mal... No ha sido fácil, porque jugamos primero con memoria, que es frágil, y con retazos de documentación, que hemos ido reconstruyendo», explica.
Desde que en 2002 se exhumara en Espinosa de Cervera la primera fosa común en la que estaban enterrados cuatro vecinos de Caleruega se han recuperado en la zona los restos de unos 300 ajusticiados.
Sin embargo, según Rojas, sería necesaria realizar pruebas de ADN ya que tan solo han podido identificar a medio centenar.
A su juicio la decisión del magistrado supone un importante paso «aunque son unas diligencias previas y habrá que esperar a ver si la documentación se la dan y posterior ver qué dice, sobre todo respecto a si tiene competencia o no para juzgar esos hechos».
Pese al revuelo y al enconado debate que ha levantado la providencia, Rojas subraya que lo que se está pretendiendo «no es buscar responsabilidades penales sino que se impliquen, que se descubran donde están las fosas, se determine quiénes son los que están ahí enterrados, se les saque y se devuelva los restos a sus familiares», indicando que en, cualquier caso, aún quedan vivos «aunque pocos» algunos responsables de aquella masacre.
De hecho la ARMH ha puesto en manos del abogado al menos un par de nombres de verdugos que participaron en los hechos «porque a lo mejor les pueden llamar p y tomarles declaración para ver qué es lo que hicieron y nos digan dónde están las fosas que no encontramos porque nosotros no conseguimos hablar con ellos ni nos lo quieren decir».
Personación
Por otra parte, Rojas anuncia su intención de personarse como parte en el proceso judicial como responsable de Izquierda Republicana «puesto que fueron muchos los compañeros asesinados en aquella época» o como representante de la ARMH.
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