AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba), ha llevado a la Audiencia Nacional los casos de 174 personas desaparecidas en esta localidad cordobesa durante la Guerra Civil y la posguerra. También ha facilitado un listado con 4889 personas desaparecidas en Córdoba capital y provincia durante los años 1936 a 1939.
De igual forma ha presentado también escritos de denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Europeo , el Parlamento Europeo y ante los organismos Internacionales de Desaparecidos de las Naciones Unidas.
Con este paso, AREMEHISA, pretenden que las personas que murieron durante el conflicto español sean equiparadas a víctimas de conflictos internacionales y de este modo hacer participe a las citadas instituciones en la búsqueda y entrega de los restos a los familiares para que por fin puedan exhumarlos y darles digna sepultura.
Si la reclamaciones interpuestas se admiten a tramite y se resuelven favorablemente, se deberán adoptar las medidas encaminadas a solucionar el problema de las personas desaparecidas en España como consecuencia de las represalias políticas ocurridas con motivo del golpe de estado de julio de 1936.
AREMEHISA comparte plenamente la alegría y el optimismo ante la iniciativa tomada por el Juez Baltasar Garzón pero hace un llamamiento a la cautela y la prudencia .
Alegría y optimismo lógico por que esta media significa sin duda alguna se da un paso muy importante en el reconocimiento y aplicación del derecho internacional de no prescripción de los crímenes y asesinatos cometidos durante la guerra civil y la posguerra, así como del trabajo y sacrificio de tantas y tantas familias de desaparecidos, víctimas y entidades que han trabajado y seguirán sin duda alguna trabajando por la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Y cautela y prudencia por que aunque este movimiento sea calificado desde nuestro punto de vista de muy importante, este paso aún no significa que las denuncias se hayan admitido a trámite.
Denuncia que AREMEHISA ha presentado para poder conocer por fin de una vez por todas el paradero de todos nuestros familiares “desaparecidos” , solicitando en las mismas la responsabilidad que el Estado español tiene en aclarar lo sucedido con ellos, localizar sus restos, proceder a su exhumación e identificació n e informar a los familiares del paradero de miles de victimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo.
En este sentido AREMEHISA cree que la medida del juez Garzón supone, de un lado, el reconocimiento al sacrificio y trabajo de familiares y entidades memorialistas en pos de la Verdad, la Justicia y la Reparación y de otro lado supone la descalificació n democrática del "modelo de impunidad español" que fue la pieza fundamental de la "transición" española.
Los posicionamientos, pronunciamientos y opiniones de instituciones de la derecha , solo tratan, precisamente, de salvaguardar la "transición “ y ese modelo de impunidad ya caduco y obsoleto.
El estado tiene que asumir de una vez por todas la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas. Es un deber que no puede delegar en los particulares ni en los familiares de los desaparecidos, como se viene haciendo hasta ahora en toda España.
AREMEHISA no pretende reabrir las heridas del pasado, sino muy al contrario, cerrarlas, recomponer historias familiares y personales rotas en el tiempo y en el contexto del enorme rompecabezas en el cual se convirtió España a partir del 18 de julio del año 1936
Creemos que los hechos que se investigan son constitutivos de delitos , de conformidad con el Derecho internacional y el código penal vigente en su momento, y que estos crímenes y asesinatos se cometieron de forma masiva, sistemática y fríamente calculada y planificada.
La reciente Ley de Memoria Histórica de diciembre del 2007, ignoraba a decenas de miles de victimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en la ley de Memoria Histórica, ni se les nombraba, ni se aborda siquiera la responsabilidad que el Estado tiene con estas victimas, en relación a su búsqueda, exhumación e identificación.
Concluir manifestando que esta actuación en solo un pequeño paso en el proceso iniciado. Pero en cualquier caso podemos ya calificar esta iniciativa como un hecho insólito además de histórico para el movimiento en defensa de la memoria en nuestro país.
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