En 1936, Domingo Páramos trabajaba de cerrajero en el pueblo de Caldelas de Tui (Pontevedra).
Como miembro del comité de defensa de la República y simpatizante de la CNT, estaba sensibilizado con la situación política española.
El 4 de octubre de 1936 fue asesinado junto con otras cuatro personas del Baixo Miño y enterrado en una fosa común en Mondariz.
Años después, su nieta averiguó que el régimen franquista había exhumado en la década de los 50 su cadáver para trasladarlo a la cripta del Valle de los Caídos.
No fue el único baile de restos ordenado por Franco.
Se calcula que otros 25.000 cuerpos fueron desenterrados, la mayoría de republicanos católicos, y descansan en columbarios del monumento de San Lorenzo del Escorial.
Junto con otras 3.557, esta historia formará parte del dossier que la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas enviará al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
El colectivo asume y amplía la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura sobre la represión en Galicia.
La documentación incluye un vídeo sobre las exhumaciones realizadas en fosas comunes de Ponteareas y testimonios de personas que hablan de otros lugares donde fueron enterrados los cuerpos de los represaliados, como los cementerios de O Porriño o Baiona (Pontevedra).
La Xunta calcula que hay 26 fosas en toda la Comunidad Autónoma. La de Serantes, en A Coruña, es una de las mayores, con 200 cuerpos dispuestos en hileras.
"Nuestra intención es demostrar que el franquismo cometió crímenes contra la humanidad", reflexionaba ayer Ángel Rodríguez, portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas.
Es el único colectivo gallego presente en la denuncia y que forma parte de la Plataforma de víctimas de desapariciones forzadas.
Desde hace tres años intentan de manera sistemática conocer las historias de los ejecutados y saber cuántas muertes se produjeron tras un juicio militar y cuántos fueron los "paseados".
Se calcula que, en Galicia, unas 1.900 personas fueron detenidas, torturadas, fusiladas y enterradas lejos de su lugar de origen, sin juicio.
Son las "desapariciones forzadas o involuntarias", un término jurídico que implica la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye un crimen de lesa humanidad.
Junto con un portavoz de Amnistía Internacional, Ángel Rodríguez explicó que estas primeras aproximaciones se han hecho teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y del archivo militar de Ferrol.
Son los casos "claros" de represaliados. Por ello, calcula que, teniendo en cuenta otra documentación, las víctimas podrían ascender a las 7.000 personas en el periodo comprendido entre 1936 y 1950.
Para Amnistía Internacional, es necesario que el Gobierno cumpla con la Ley de Memoria Histórica y haga un mapa nacional de fosas comunes.
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