El Gobierno sorprendió ayer a propios y extraños con el anuncio de que tiene «casi ultimadas» ocho normas para desarrollar la ley de Memoria Histórica. Entre ellas, una con los mapas para localizar las fosas comunes donde fueron enterrados militares y civiles republicanos fusilados durante la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo. Esta cartografía era una de las principales exigencias de las asociaciones de familiares de los represaliados.
La Generalitat de Cataluña es, hasta ahora, la única administración que tiene elaborado un mapa de fosas con enterramientos de fusilados por el franquismo. La Consejería de Interior del Gobierno catalán tiene identificadas 179 sepulturas comunes, de las que más de un centenar se encuentran en las cercanías o dentro de cementerios municipales.
La Junta de Andalucía, a su vez, impulsa la elaboración de otra cartografía similar, en la que se calcula que hay más de 600 enterramientos clandestinos en los que están sepultadas en torno a 40.000 personas, en su mayor parte fusiladas durante el verano de 1936.
El Gobierno ha recopilado la información dispersa y ha elaborado un plano nacional que hará público antes de fin de año, aunque algunas fuentes socialistas apuntan que puede que se conozca este mismo mes. La vicepresidenta primera explicó que estos mapas van acompañados del procedimiento de actuación para las exhumaciones.
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