La historia se escribe sobre todo a partir de documentos. La de España, en los convulsos años de la Guerra Civil y la posguerra, se está escribiendo como se puede. Los archivos militares han estado cerrados a cal y canto durante años, con un hermetismo hacia los investigadores insólito en otras democracias.
Las cosas empezaron a cambiar en los noventa, pero los archivos militares siguen siendo un pozo sin explorar y a veces secreto. Y sólo ahora, por vez primera, el Ministerio de Defensa se plantea acabar con esta situación. La ministra Carme Chacón ha anunciado un proyecto de ley para desclasificar documentos que serían de gran utilidad para investigar el pasado y que ahora mismo permanecen sepultados bajo la losa de los secretos oficiales.
Las dificultades van a veces más allá de los documentos clasificados. "Los consejos de guerra son la columna vertebral de la represión, y no se pueden consultar salvo que quienes los custodian tengan buena voluntad y permitan acceder a ellos", sostiene un historiador, que prefiere omitir su identidad para evitar que se acabe la "buena voluntad" en el archivo militar donde investiga.
"El procesado [...], de ideas extremistas, se puso al servicio de la rebelión marxista, desempeñando el cargo de vocal del comité revolucionario del pueblo [...] siendo por tanto ordenador de cuantos desmanes se cometieron, tales como registros, asaltos, requisas y detenciones de personas de orden". El 16 de diciembre de 1939, este procesado, jornalero, de 29 años, afiliado a UGT, casado y con dos hijos, fue condenado a reclusión perpetua en Almería en un Consejo de Guerra Sumarísimo, uno de los miles que se celebraron en toda España desde 1936. Este expediente, que corresponde a la Segunda Región Militar, fue obtenido por el investigador Juan Hidalgo Cámara.
No es fácil acceder a esta documentación valiosísima, que no sólo incluye textos. En los expedientes militares se guardan fotografías, banderas, pasquines, casquillos de bala, placas, carteles, cartas manuscritas y un sinfín de materiales que ayudan a conocer los años más atroces de España en el siglo XX. Hay consejos de guerra escuetos y hay algunos con miles de folios. Por ellos pasaron humildes jornaleros como el citado y líderes republicanos. Curiosamente, algunos expedientes de gran trascendencia política, como los que culminaron en los fusilamientos del alcalde socialista de Granada Manuel Fernández Montesinos, o del gobernador civil de A Coruña Francisco Pérez Carballo, han desaparecido de los archivos. En realidad, se ignora lo que hay y, lo que es peor, se ignora lo que se ha perdido a lo largo de las décadas. "Entre 1931 y 1945 hay un agujero en la documentación de la República, la represión y la posguerra, como si por allí hubiera pasado algo que se lo hubiera comido", asegura el historiador Francisco Espinosa. "Ha habido abandono y una destrucción voluntaria de documentación, otras veces se perdió por desidia. También se vendieron documentos como masa de papel", reprocha este investigador, que ha luchado "contracorriente" durante más de 25 años para vencer el hermetismo militar. Espinosa afirma que la situación cambió a partir de los noventa, pero en la década anterior recuerda archivos castrenses donde se manejaban "dos catálogos". Uno, cribado, que se facilitaba a los investigadores. Y otro, oculto, con todo el inventario real. "No querían dejar ver ni un papel, ahora la accesibilidad ya no es un problema. La gravedad es que no se sabe lo que hay", sostiene.
Los archivos militares donde se guardan están dispersos geográficamente y se rigen por criterios variables. Los hay más o menos accesibles, más o menos ágiles, más o menos ordenados (la distribución fonética dificulta la búsqueda: se omite la h, se fusionan b y v). Varios historiadores consideran ejemplar el Archivo de la Zona Marítima del Cantábrico, en Ferrol (A Coruña), por su apertura. "La colaboración es estupenda y funciona de maravilla, pero no tienen infraestructura para atender las peticiones ni la conservación adecuada", indica el historiador Emilio Grandío, coordinador de un libro sobre la Guerra Civil y la represión en A Coruña, que incluye un CD con una base de datos con todas las causas militares del Ejército de Tierra del Archivo Militar de Ferrol entre 1936 y 1939. Sólo en Galicia se abrieron 8.517 causas en menos de diez años.
Pero el archivo del Cantábrico es la excepción. "El de Ferrol es magnífico, pero el de Madrid tiene demoras de un año o 18 meses, hay un estado de abandono impropio de un país europeo", lamenta Espinosa, que investiga la represión en Extremadura y Andalucía.
La ley de la memoria histórica, para muchos, ha sido una oportunidad perdida para zanjar el abandono de los fondos documentales que se guardan en instalaciones castrenses. Espinosa y otros historiadores creen que este material debería salir de los cuarteles. "Habría que catalogarlo, ponerlo en manos de archiveros y luego a disposición de los investigadores. No tiene sentido que esté en manos de militares esa documentación", se queja.
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